Carta Abierta: Por un Contrato Social Renovado en Colombia
A la ciudadanía y a todas las instituciones de la República,
Un fantasma recorre Colombia: el fantasma de la desconfianza. Los datos son elocuentes y no dejan lugar a la duda. Según el Panel de Opinión 2025, la confianza en las instituciones políticas toca fondo: la Presidencia de la República obtiene apenas 41 puntos sobre 100, y el Congreso, 47. Más ampliamente, un informe global de 2024 confirma que Colombia pasó de ser un país «neutral» a uno que «desconfía», situándose entre las naciones con mayor caída en la confianza institucional.
Esta crisis de legitimidad no es un dato aislado; es el síntoma de un malestar profundo que amenaza los cimientos de nuestra convivencia. Esta carta busca exponer, con preocupación pero también con esperanza, los hilos entrelazados de este malestar.
La desconexión y el desencanto. La falta de confianza no es un capricho ciudadano. Es la respuesta a una percepción extendida de desconexión, ineficacia y, en algunos casos, opacidad. Organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, pilares del Estado de derecho, no superan los 55 puntos de confianza. Cuando las instituciones que deben garantizar transparencia y equidad fallan en inspirar fe, el compromiso ciudadano se resquebraja. Así, el desinterés por las elecciones al Senado y la Cámara no es apatía pura, sino un reflejo de este divorcio: para qué participar si las instituciones resultantes parecen distantes y poco efectivas.
La justicia, un faro desgastado pero esencial. En este panorama sombrío, es significativo que los órganos judiciales —la Corte Constitucional (76) y la Corte Suprema (74)— conserven los niveles de confianza más altos. Esto subraya que la ciudadanía aún ve en la justicia una herramienta indispensable para la equidad y el equilibrio. Sin embargo, este faro también enfrenta la erosión general. La justicia como herramienta de equidad no puede ser una isla de credibilidad en un mar de desconfianza; requiere de un sistema político íntegro que la complemente.
El laberinto de las leyes sin reglamentar. La gobernabilidad se ve minada por otro problema estructural: un marco normativo caótico y, en muchos casos, inoperante. La existencia de leyes sin reglamentar genera inseguridad jurídica y paraliza la acción del Estado. Es alentador ver esfuerzos como la Ley 2085 de 2021, que adopta la «depuración normativa» para derrogar normas obsoletas que han perdido vigencia o contradicen nuestro régimen constitucional. Esta iniciativa, que busca fortalecer la seguridad jurídica, es un paso necesario, pero insuficiente. Evidencia que durante décadas hemos legislado de forma acumulativa, sin claridad ni evaluación constante, creando un bosque legal donde es fácil perderse.
La polarización: ¿gritos que ahogan el diálogo? Se dice que Colombia está profundamente polarizada. Sin embargo, análisis rigurosos invitan a la prudencia. Datos hasta 2016 mostraban que la identificación de los colombianos con el centro político no se reducía, lo que contradice la definición clásica de polarización. El problema quizás no sea tanto una división ideológica irreconciliable, sino un grave deterioro de la conversación política. El debate público, envenenado por redes sociales y discursos extremos, tiende a moverse entre acusaciones caricaturescas (llamar «guerrillero» o «paramilitar» al adversario) que anulan los matices y sofocan las propuestas de centro. Esto no es polarización sana, es intoxicación discursiva que impide construir acuerdos sobre lo fundamental.
Un llamado desde el enfoque Colombia. Esta es nuestra realidad, compleja y difícil, pero no definitiva. El «enfoque Colombia» debe partir del reconocimiento honesto de estas fallas para construir, desde lo local y lo concreto, un nuevo contrato social. Necesitamos:
1. Instituciones con resultados y transparencia que recuperen credibilidad con hechos, no con discursos.
2. Un llamado al voto informado y crítico, entendiendo que la abstención solo fortalece a los mismos poderes.
3. Un respaldo firme a la justicia como árbitro independiente y protector de los más débiles.
4. Una ambiciosa agenda de depuración y calidad normativa, que vaya más allá de derogar leyes del siglo XIX y garantice que las nuevas sean claras, reglamentadas y cumplidas.
5. Recuperar el centro del debate: un espacio para el diálogo respetuoso, donde las ideas se midan por su mérito y no por la violencia verbal de quien las profiere.
La tarea es monumental, pero ineludible. O renovamos colectivamente la confianza, la participación, el respeto por las normas y la calidad de nuestro debate, o condenamos a las próximas generaciones a navegar un país ingobernable. La hora es ya.
Atentamente,
Andrés Castillo Cano
Un ciudadano preocupado y esperanzado.